La contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de
España. En los dos últimos años, la regulación jurídica de esta materia
ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de importante calado, para
adaptarse tanto a la situación de crisis económica como para cumplir con
las exigencias del Derecho europeo. En este escenario nace el
Observatorio de Contratación Pública.
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