La Junta de Andalucía ha aprobado hoy los proyectos de ley que regulan el nuevo modelo local al fijar las 29 competencias propias a los 771 Ayuntamientos de la comunidad y aumentar su capacidad financiera mediante su participación en los tributos autonómicos y en los fondos incondicionados.
Se trata de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, cuyos textos se remitirán al Parlamento para su aprobación definitiva en el primer semestre de 2010, y para las que el Gobierno ha pedido consenso, según informa la agencia Efe..
Con ambas normas, Andalucía será la primera comunidad que dotará a los Gobiernos Locales de un nuevo marco jurídico garante de sus competencias propias, así como de "los recursos necesarios para el ejercicio de las mismas a través de financiación incondicionada".
La futura Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) determina las competencias de ayuntamientos y diputaciones, de forma que tendrán un total de 29 disposiciones propias, mientras que las instituciones provinciales asumen la asistencia a las corporaciones.
El texto establece los procedimientos para la posible transferencia de competencias desde la Junta de Andalucía, que se realizará por ley, así como de delegación del ejercicio de las mismas, mediante decreto del Consejo de Gobierno.
Según el Gobierno, responde a las demandas históricas de los consistorios y supondrá la "reducción" de la tutela de la Junta sobre diversas materias, entre ellas la autorización para la enajenación o permuta de bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, la creación y supresión de entidades de ámbito inferior al municipio, la adopción de símbolos por parte de las entidades locales o la constitución de mancomunidades y consorcios.
Los Gobiernos Locales pasan así de ser mero administrador a sujeto activo en la gestión de sus políticas públicas, con los instrumentos de financiación incondicionada y suficiencia financiera, que garantizará la Ley reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma.
El proyecto de ley prioriza la financiación incondicionada sobre la finalista, dando así respuesta a las peticiones de los municipios para la previsión de sus presupuestos, lo que responde a las propuestas realizadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el grupo de trabajo constituido sobre esta materia en el Parlamento de Andalucía.
En cuanto a la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, fija la colaboración financiera con los municipios andaluces, así como los criterios de distribución y evolución de los mismos, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.
La colaboración financiera se llevará a cabo a través de la creación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad, que comenzará a aplicarse en 2011 y que tendrá carácter incondicionado.
La previsión es que ese fondo alcance una dotación de 600 millones en el horizonte del año 2014, según el gobierno andaluz.
Este fondo también lo será de nivelación, ya que las partidas se distribuirán en función de unas variables de necesidad y de capacidad fiscal basadas en indicadores contrastables.
Como variables se tendrá en cuenta la población, la superficie y el grado de dispersión urbana de cada municipio, mientras que las de capacidad fiscal harán referencia a las principales fuentes de ingresos propios.
No obstante, la ley incluirá una cláusula de garantía de 'statu quo' para que todas las Entidades Locales reciban, como mínimo, una financiación incondicionada superior a la que ya obtienen actualmente.
La dotación total del Fondo evolucionará conforme lo hagan todos estos ingresos tributarios y además se llevará a cabo una actualización anual de los valores que definen las variables de necesidad y capacidad fiscal de los municipios.
La futura ley contiene un reconocimiento explícito del principio de lealtad institucional, con el compromiso de la Junta de Andalucía de valorar el impacto que las modificaciones normativas de la comunidad puedan tener sobre la dotación del Fondo para, si es necesario, establecer las correspondientes compensaciones.
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