La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que, la política en materia de prevención, tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud del personal laboral en el trabajo. Dicha política se llevará a cabo por medio de normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan; y, en particular, se orientarán a la coordinación de las distintas administraciones públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales comprendan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de la política de prevención.
La importancia de los Gobiernos Locales en la coordinación de la política preventiva radica en la proximidad de la ciudadanía a este tipo de administración. Así, los Ayuntamientos cumplen un doble papel en relación con la aplicación de la normativa preventiva: por un lado, en su dimensión empresarial; y, por otro, los Gobiernos Locales, en aplicación del principio de cooperación, tienen un papel importante en la aplicación de la política preventiva.
Enlace: http://www.prevenlo.famp.es/
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