La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presentado al Presidente de la FEMP, Pedro Castro, el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, un documento “sin precedentes” que representa el primer barómetro sobre la sostenibilidad urbanística en nuestro país.
El Libro establece 112 criterios para alcanzar un desarrollo más sostenible, realiza un análisis de toda la normativa vigente en planeamiento urbanístico e incluye un Decálogo con propuestas clave para reducir la insostenibilidad. El trabajo ha sido coordinado por el Ministerio de Vivienda y elaborado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de académicos y profesionales.
El documento está dirigido a quienes deben tomar las decisiones en el ámbito municipal, “de la manera más eficiente posible” y en línea con los objetivos del Gobierno, como es la rehabilitación y la regeneración urbana integrada, según explicó la Ministra. Beatriz Corredor añadió que es el momento de “hacer más con menos”, en un tiempo en el que en todo el mundo se impone la vuelta a la austeridad, buscando la máxima eficiencia de los recursos públicos.
Pedro Castro señaló que el Libro Blanco recoge buena parte del trabajo que la FEMP y el Ministerio habían esbozado con la puesta en marcha de una estrategia común para intervenir en el territorio desde una nueva cultura urbanística y afirmó que con las recomendaciones, estrategias e indicadores que recoge este libro, “estamos más cerca de hacer realidad el principio de desarrollo urbano sostenible”.
El Presidente de la FEMP afirmó también que hay que buscar mecanismos que permitan reducir el impacto en nuestro entorno o, dicho de otro modo, de lo que se trata es de “crecer menos, para crecer mejor”, siguiendo los principios de la “Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles”.
Los Gobiernos Locales, según apuntó, apuestan por la rehabilitación y el reciclaje urbano como principal instrumento de transformación de la ciudad, para construir un nuevo modelo que potencie la proximidad y la calidad de vida.
En este camino hacia el futuro, dijo, se puede contar con los Gobiernos Locales, por su gran responsabilidad en la aplicación de políticas consensuadas, con la Administración Autonómica y la Estatal.
Criterios de sostenibilidad
El Libro Blanco detecta las carencias y deficiencias que están limitando el desarrollo urbanismo más sostenible y establece una serie de criterios o indicadores de sostenibilidad, agrupados en siete grandes bloques que tienen que ver con el planeamiento: el entorno de la ciudad, el suelo urbano, el transporte, los recursos, los residuos, la cohesión social y la participación y la gobernanza.
- Destaca el tratamiento amplísimo por parte de todas las CC.AA. de los criterios relativos a las actuaciones sobre el entorno de la ciudad (preservación de los ecosistemas, el respeto al paisaje y la reducción en el consumo de suelo). También sobresalen los criterios relacionados con fomentar la transparencia administrativa y el acceso a la información, si bien el gran ausente es la participación activa de los ciudadanos en la toma de las decisiones estratégicas o en la aprobación de los Planes Urbanísticos.
- Por el contrario, las referencias legislativas son ocasionales en otros bloques:
- Cohesión social. Es un bloque escasamente regulado. Se legisla acerca del momento del acceso a la vivienda y la identificación de la población con su entorno (mediante la protección del patrimonio) pero aspectos tan relevantes como mejorar la oferta de equipamientos y servicios en cada barrio y fomentar la mezcla de usos en cada uno de ellos, permitiendo lo que se llama "las actividades de proximidad" para los vecinos, son casi inexistentes en la mayoría de las normas autonómicas.
- Criterios de actuación en suelo urbano. Pese a estar asumido en Europa un modelo de ciudad compacta y compleja, las CC.AA. no plasman esta idea en su legislación, salvo por lo que se refiere a sub-criterios puntuales como el fomento de la rehabilitación, la eliminación de barreras arquitectónicas y la exigencia de estándares mínimos de zonas verdes, equipamientos y servicios públicos.
- Criterios de actuación en temas de transporte. La legislación autonómica hace hincapié en la reducción del tráfico motorizado privado para favorecer el uso del transporte público. Sin embargo, están menos regulados aspectos importantes como la construcción de redes peatonales y ciclistas, aumentar el espacio disponible para el peatón o reducir la velocidad del tráfico motorizado privado.
- Criterios de actuación en cuanto a recursos naturales. Las mayores referencias legislativas se refieren a optimizar y reducir el consumo de energía y de los recursos naturales (básicamente el agua) y fomentar el uso de energías renovables. Sin embargo, no se desarrolla con la misma intensidad la necesidad de adaptar los edificios a condiciones bioclimáticas, utilizar materiales reciclables en la construcción o fomentar el uso compartido de las galerías de servicios (para gas, electricidad, telefonía, etc.), reducir las pérdidas de energía en las redes de difusión, etc.
- Tratamiento de residuos. Este bloque está más desarrollado legislativamente, destacando principalmente la reducción de vertidos contaminantes y de los residuos por medio de su gestión así como el fomento del reciclaje y la reutilización.
Decálogo para un urbanismo sostenible
El Libro Blanco incluye un decálogo, que reúne las propuestas clave para conseguir un planeamiento urbano más sostenible. Se trata de unas recomendaciones generales en los siguientes frentes:
- Promover el uso eficiente de un patrimonio inmobiliario sobredimensionado que enfrenta viviendas sin uso a personas sin vivienda. Es necesario promover el equilibrio en el sector inmobiliario, incentivando la rehabilitación y utilizando parte del stock de inmuebles para aumentar el parque de vivienda asequible
- Vincular la legislación urbanística con la ambiental, es decir, el planeamiento urbanístico y la perspectiva medioambiental.
- La ruptura del nexo que une el planeamiento urbanístico con el derecho de propiedad. El Plan no es un instrumento para distribuir los valores monetarios del suelo, sino para fijar estrategias de futuro en las ciudades. Esto ayudará a luchar contra la especulación y la corrupción.
- Hacer depender la gestión de los Planes no sólo del estricto ámbito territorial (regional o local), sino de todas sus afecciones socioeconómicas y ambientales, así como dotarse de ámbitos administrativos mucho más flexibles que los que tenemos.
- Relacionar de verdad la planificación territorial y la urbanística y conseguir una implicación y participación ciudadanas reales.
- Cambiar determinadas características de los Planes, entre ellas el horizonte temporal tan corto de ocho o diez años, para lograr objetivos de sostenibilidad global a largo plazo, como el cambio climático.
- Hacer un verdadero seguimiento de la ejecución de los planes en relación con los cambios producidos en el territorio. Los observatorios territoriales deberían ser cruciales aquí, y además de su contenido analítico y descriptivo, deberían añadir cierta capacidad de decisión.
- Recuperar la pérdida de la conciencia ciudadana y del interés de éstos por participar en el diseño y en el futuro de las ciudades, más que en concretas operaciones urbanísticas. Ayudar con información, educación, campañas de difusión e incentivos de participación.
- Utilizar indicadores y criterios de sostenibilidad comúnmente aceptados en el planeamiento urbanístico.
- Necesidad de cambiar el modelo inmobiliario español, claramente insostenible y poco habitable. Lograr el necesario acuerdo de todas las Administraciones Públicas para conseguirlo.
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